El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela aprobó la compra de unidades Cellebrite UDEF Touch2 por 51.300 Euros. Estos dispositivos son usados para hackear y extraer todos los datos en un teléfono celular, incluyendo conversaciones, fotos, documentos y correos electrónicos. Su uso dice ser para investigaciones criminales legítimas, pero regímenes represivos abusan de ellos.

Este anuncio genera miedo ante el posible abuso de la herramienta para perseguir aún más a activistas, disidentes, periodistas y sus fuentes. Es común que fuerzas de seguridad en Venezuela confisquen los teléfonos móviles de activistas y periodistas, el uso de esta herramienta se puede traducir en un agravamiento de estas prácticas arbitrarias.

Venezuela atraviesa una grave crisis que implica la violación sistemática de derechos humanos. Casos de tortura y presos de conciencia han sido registrados y rechazados por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y defensores de derechos humanos.

El gobierno de Nicolás Maduro muestra un interés creciente en el uso de la tecnología para vigilar y controlar a los venezolanos. Además de una extensa censura en internet, el Estado participó en casos de phishing contra disidentes, al punto de manipular el tráfico de internet para engañar a usuarios a exponer su activismo y afiliación política.

Urgimos a la gerencia de la empresa Cellebrite basada en Israel, su empresa matriz Sun Corporation, el Gobierno de Israel, y cualquier otro gobierno en una posición apta, a que actúen rápidamente para prevenir la venta de cualquier tecnología de extracción de datos o vigilancia al gobierno de Venezuela. La integridad de muchos periodistas, sus fuentes, activistas y defensores de derechos humanos podría depender de ello.

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